Una de cada ocho personas aceptaría un enlace sospechoso a cambio de 30.000 dólares

Una investigación de la firma de ciberseguridad Kaspersky, aplicada a trabajadores de Perú, arrojó que el 12% de los empleados haría clic en un enlace malicioso si la recompensa ofrecida fuera de 30.000 dólares. La cifra equivale a uno de cada ocho personas dentro de una compañía y desnuda una vulnerabilidad que no se resuelve con antivirus: la disposición real de quienes operan las redes corporativas.

El desglose del dato

De ese 12%, el 11% reconoció que dudaría antes de aceptar la propuesta, pero que terminaría interactuando con el enlace, mientras que el 1% afirmó que lo haría sin pensarlo. La mayoría descartó el incentivo. Sin embargo, la proporción implica que en una empresa mediana varios empleados podrían exponer la red corporativa ante una oferta económica suficientemente atractiva.

El escenario, según fuentes especializadas en seguridad informática, no es solo teórico. Los enlaces maliciosos pueden dirigir a páginas diseñadas para capturar contraseñas, instalar programas dañinos o recopilar información sensible. Cuando el equipo comprometido tiene acceso a archivos compartidos, cuentas empresariales o sistemas de gestión, el alcance del incidente puede extenderse mucho más allá del dispositivo original.

Capacitación y canales de reporte

El 26% de los encuestados dijo que consultaría con el área de Tecnología de la Información antes de hacer clic. El dato fue leído por la compañía como un indicador positivo, pero también como una advertencia: si tres de cada cuatro personas no piensan en consultar, los canales de reporte internos no están funcionando como deberían.

“No basta con esperar que una persona reconozca un enlace sospechoso, especialmente cuando existen incentivos que pueden llevarla a tomar una mala decisión.”Leandro Cuozzo, analista del equipo de investigación de Kaspersky para América Latina

• Simulaciones de phishing, que permiten medir cómo reacciona cada equipo ante amenazas ficticias.
• Aplicación del principio de mínimo privilegio, que limita los permisos de cada cuenta a lo estrictamente necesario.
• Habilitación de canales seguros para que los empleados informen situaciones sospechosas sin temor a represalias.
• Capacitación continua y protocolos claros de reporte dentro de la organización.

La conclusión del estudio apunta a un problema de diseño organizacional: las empresas suelen invertir en software de protección, pero descuidan la formación práctica de quienes operan los sistemas. Una solución técnica, coincidieron los especialistas, no modifica el comportamiento de alguien que, ante un incentivo económico, decide correr el riesgo.