Yo quiero empezar por María, una vecina cualquiera de cualquier barrio del conurbano bonaerense que un martes a la madrugada decidió que no daba más y terminó en la guardia del hospital más cercano. María, como tantas Marías y tantos Juanes que aparecen todos los días en los centros de salud pública de este país, es el motivo real por el que un equipo de la Universidad Nacional de Lanús se sentó a juntar números provincia por provincia, durante meses, para terminar dibujando un mapa que hoy preocupa a medio Congreso: las internaciones por salud mental en Argentina crecieron 42 por ciento entre 2023 y 2026, y solo en el último año la suba fue del 12 por ciento, mientras que las consultas ambulatorias treparon 23 por ciento en los últimos doce meses.

Lo que tengo enfrente, como periodista, es un informe federal que no se quedó en los papers académicos ni en las buenas intenciones: se construyó con la información que aportaron las máximas autoridades sanitarias de catorce provincias, entre ellas Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, además de Entre Ríos y Río Negro, que también dijeron presente en el encuentro. En conjunto, las jurisdicciones que aportaron datos representan más del 70 por ciento de la población argentina, lo que le da al relevamiento una robustez pocas veces vista en esta temática en los últimos años.

Una demanda que cambia de cara y un sistema que llega al límite

Lo que más me llama la atención, y creo que a cualquier lector de entre 40 y 60 años también, es que la demanda ya no es la que conocíamos. Las autoridades provinciales relevadas coinciden en que la demanda se diversificó y se corrió hacia los sectores más vulnerables: cada vez se atienden más niñas, niños y adolescentes, y se atiende a una cantidad enorme de personas que tenían cobertura de obra social o prepaga y la perdieron, y cayeron al sistema público. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 30 por ciento de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde hoy a problemas de salud mental, una cifra que deja chico a casi cualquier otro motivo de consulta espontánea.

• Internaciones por salud mental: +42 por ciento entre 2023 y 2026 (con un salto extra del 12 por ciento en el último año).
• Consultas ambulatorias: +23 por ciento en los últimos doce meses.
• En Buenos Aires, 3 de cada 10 consultas en guardias ya son por salud mental.
• Entre 2021 y 2026 se sumaron al menos 388 camas de salud mental en hospitales generales.
• 13 de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias: centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos de consumo problemático.

Ahora bien, acá viene la paradoja que a mí, como reportera, me parece la más importante de toda la nota, porque es la que muestra que el Estado no se quedó de brazos cruzados aunque quedó corto: entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales, una cifra que no es menor, y trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. La wichana, que en lengua quechua podríamos traducir como el "tejido comunitario" que sostiene al sujeto, parece haberse fortalecido en los papeles, pero las propias autoridades provinciales reconocen que esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades serias para completar equipos con disciplinas críticas, es decir, conseguir profesionales especializados que quieran y puedan trabajar en el sistema público.

Qué piden las provincias y por qué el tema ya está en el Senado

El informe llegó al Senado en un momento político muy particular, porque el Congreso está debatiendo una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y los ministros provinciales no quisieron perderse la discusión: plantearon, según consta en el documento, que la propuesta "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos", una frase que, traducida al lenguaje de la calle, significa que están discutiendo una ley que les pediría más trabajo sin darles las herramientas para hacerlo.

Las prioridades que las propias autoridades provinciales identificaron son concretas y, por eso, vale la pena enumerarlas como lo que son: pedidos formales a la Nación. Piden, en primer lugar, aumentar la inversión en salud mental; en segundo término, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, porque las paredes están pero los profesionales escasean; en tercer lugar, garantizar el acceso a medicamentos, algo crítico en una atención que muchas veces se sostiene con psicofármacos; en cuarto, producir información epidemiológica nacional de calidad, porque sin datos claros es imposible planificar; y por último, y acá viene el reclamo más político, recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que hoy aparece como una de las grandes deudas del sistema federal.

Lo que yo me llevo como periodista después de leer este material y de pensarlo para los lectores que, como yo, tienen entre 40 y 60 años y ven en la salud mental un tema que dejó de ser tabú hace rato, es que las cifras cuentan una parte de la historia y la otra la cuenta María en la guardia del hospital, y la del pibe de 15 años que no consigue turno en un centro de día, y la del profesional que cobra poco y se quema rápido. La comunidad, organizada en sus redes territoriales y en sus equipos de salud, lo que viene pidiendo es claro: que se termine de discutir en los papeles y se garantice, de una vez, que el crecimiento del 42 por ciento en las internaciones encuentre un sistema público con presupuesto, con personal y con ley que esté a la altura de lo que está pasando.