Mendoza abre un canal gratuito para que consumidores mendocinos renegocien tarjetas y préstamos con sus acreedores

La Provincia de Mendoza puso en marcha un procedimiento gratuito orientado a que los consumidores con domicilio real en el territorio provincial puedan sentarse a renegociar deudas originadas en tarjetas de crédito, préstamos personales y otras líneas de financiamiento al consumo, cuando el peso de esos compromisos compromete la economía del hogar. Así lo establece la normativa que regula la nueva Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, según la información oficial a la que accedió este medio.

Quiénes pueden pedir la conciliación y bajo qué condiciones

El mecanismo está dirigido a personas humanas consideradas consumidoras finales que atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. La referencia cuantitativa fijada por la normativa es que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. En los casos de especial vulnerabilidad social, ese umbral se reduce al 25%.

• Personas con menores a cargo en el hogar.
• Hogares con integrantes con discapacidad.
• Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
• Personas desempleadas.
• Beneficiarios de programas sociales.
• Trabajadores informales.

Además del requisito de ingresos, la solicitud queda condicionada por un tope de capital: el monto total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención. En la práctica, el procedimiento opera como una instancia de negociación y no como una quita automática: cualquier modificación de las condiciones originales, ya sea una reducción del capital, una quita de intereses punitorios o un plan de pagos en cuotas, depende de un acuerdo entre el consumidor y cada uno de sus acreedores.

Qué deudas entran y qué deudas quedan afuera

El alcance del régimen cubre préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y líneas otorgadas por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas. En paralelo, la normativa excluye de manera expresa a las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales. Tampoco forman parte del procedimiento las deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar, lo que delimita con precisión el universo de usuarios que pueden recurrir a esta vía.

Cómo es el trámite y qué alternativas se pueden negociar

El expediente se inicia ante la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo. La persona interesada debe presentar un detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de sus activos y pasivos. A partir de esa presentación, Defensa del Consumidor cita a las entidades acreedoras, que disponen de un plazo de hasta 10 días hábiles para informar su posición sobre la deuda. Sobre esa base se abre la mesa de negociación, en la que las partes pueden discutir esquemas de cuotas, períodos de gracia, quita de intereses punitorios y gastos por mora, o la extensión de los plazos de cancelación.

El procedimiento no altera por sí solo las condiciones pactadas en los contratos originales, ni obliga a las entidades a aceptar quitas o refinanciaciones. La Provincia, a través de Defensa del Consumidor, actúa como facilitadora de un acuerdo voluntario entre las partes, en un contexto en el que el endeudamiento de los hogares argentinos sigue siendo uno de los temas sensibles de la agenda económica, con tasas de interés que, en líneas de financiamiento personales, se mantienen en niveles elevados. A la hora de evaluar el resultado de la temporada, Tolaba recomienda mirar qué porcentaje de los casos iniciados efectivamente cierra con acuerdo homologado, cuál es el monto promedio reestructurado y cómo se compara esa dinámica con la de los programas de mediación preexistentes en otras jurisdicciones del país.