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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Diario Quebrada

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La Justicia federal procesó a Raúl Martins por lavado de activos y le trabó un embargo de 300 millones de pesos

La jueza María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la SIDE, extraditado desde México en 2019. La investigación apunta a operaciones con dinero que, según la acusación, provendría de la explotación sexual de mujeres en locales del barrio porteño de Villa General Mitre.

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Daniela ZerpaPoliciales y judiciales · · 2 min de lectura
La Justicia federal procesó a Raúl Martins por lavado de activos y le trabó un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años y exintegrante de la SIDE, en una causa por lavado de activos. La resolución incluyó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según fuentes policiales y judiciales consultadas por este portal.

El expediente se originó el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Con el paso de los años, la pesquisa se amplió y derivó en la acusación por lavado de activos que ahora dio lugar al procesamiento.

La discusión central: las fechas de las operaciones

La defensa de Martins había solicitado el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Según fuentes policiales, el argumento central fue que las 26 operaciones atribuidas, vinculadas con compras de propiedades y administración de sociedades, se concretaron entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que la Justicia consideró probado para el delito de explotación sexual, que va de enero de 2013 a octubre de 2014.

Martins decidió no responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito en el que también sostuvo que las acusaciones por trata de personas habían sido archivadas en al menos nueve locales y que solo permanecía vigente el antecedente del establecimiento de Villa General Mitre.

Servini rechazó esa línea argumental. Explicó que una sociedad creada con anterioridad al delito puede ser utilizada luego para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución no alcanza para descartar las maniobras. La magistrada ponderó en conjunto la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares, y concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aun sin figurar como beneficiario final.

La ruta hacia el procesamiento

  • 6 de marzo de 2013: una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad alertaba sobre explotación sexual en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.
  • 2019: Martins fue detenido en México y extraditado desde Cancún a la Argentina.
  • Indagatoria: el acusado no respondió preguntas y presentó un escrito en el que pidió sobreseimiento o falta de mérito.
  • Resolución actual: la jueza Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva por lavado de activos y fijó un embargo de 300 millones de pesos.

Martins llegó al país tras su extradición desde Cancún, en un operativo coordinado por Interpol y la Policía Federal. La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de Servini, y se encuentra en etapa de procesamiento, con la investigación abierta para determinar eventuales responsabilidades de otros involucrados en la estructura societaria.

DZ
Daniela ZerpaPoliciales y judiciales

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