Una modificación legislativa sancionada en la Ciudad de Buenos Aires redefine el acceso de los adultos mayores al servicio de subterráneos y elimina uno de los principales trámites administrativos que, hasta ahora, condicionaba la gratuidad: la credencial especial emitida por la administración local. La nueva norma, según consta en el texto aprobado por la Legislatura porteña y reproducido por el portal de noticias, establece que el beneficio se activará mediante la lectura del Documento Nacional de Identidad (DNI) en los molinetes habilitados, una vez completado el proceso de registración que la reglamentación aún debe precisar.

Quiénes quedan alcanzados por el nuevo esquema

El universo de beneficiarios se compone por jubilados y pensionados que perciban ingresos previsionales de hasta dos y medio haberes mínimos y acrediten residencia efectiva en el distrito porteño. La ley también incorpora al beneficio al personal retirado de las Fuerzas Armadas y de fuerzas de seguridad que cumpla con idéntico requisito de ingresos y con el domicilio acreditado en la Ciudad, una inclusión que amplía la base potencial de usuarios respecto de esquemas previos y que, según reconocieron fuentes parlamentarias, busca unificar criterios de trato previsional dentro del transporte subterráneo.

• Jubilados y pensionados con haberes de hasta 2,5 mínimos y domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
• Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con idéntico tope de ingresos y residencia porteña.
• Acceso habilitado todos los días, durante toda la jornada de servicio, sin restricción de franja horaria.
• Vigencia de cinco años para la habilitación, con posibilidad de renovación sujeta a los mismos requisitos.
• Alta administrativa en comunas, mediante DNI, comprobante de domicilio y constancia de ingresos previsionales.

Cambio operativo: del pase al documento

La pieza central de la reforma es de naturaleza tecnológica. Hasta la sanción de la ley, el uso gratuito del subte para los adultos mayores dependía de una credencial que debía tramitarse de manera presencial y que luego se cargaba en las tarjetas SUBE o en pases específicos, con renovaciones periódicas sujetas a la demostración de supervivencia y de cumplimiento de los requisitos. El nuevo esquema, en cambio, vincula el beneficio directamente al DNI, lo que en la práctica supone que el molinete valide la identidad y la condición previsional a través del chip del documento, en línea con el sistema de pago con tarjeta sin contacto que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) ya opera en la red.

Esa transición reduce el tiempo administrativo y elimina uno de los principales motivos de queja que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad recibía en audiencias: la pérdida del plástico, la dificultad para renovar y la inconsistencia entre los registros de la administración y los del concesionario. En términos de gasto público, la sustitución del plástico por una validación digital implica un ahorro estimado —que las áreas técnicas del Gobierno porteño deberán cuantificar en el decreto reglamentario— en concepto de impresión, distribución y reemplazo de credenciales, sin que hasta el momento se haya difundido un monto oficial.

“El acceso es válido todos los días durante todo el horario de servicio, lo que representa una diferencia concreta para quienes usan la red en horarios no convencionales: turnos médicos tempranos, trámites fuera de hora o visitas nocturnas.”Texto del material oficial difundido por el Gobierno de la Ciudad

Calendario de implementación y puntos por resolver

La sanción de la ley no equivale a su puesta en marcha. El propio articulado fija un plazo máximo de sesenta días para que el Poder Ejecutivo porteño complete la reglamentación, un paso que las administraciones locales suelen concentrar en el Ministerio de Hacienda y Finanzas y en la Secretaría de Transporte porteña, con intervención del Ente Único Regulador. Dentro de ese período deberán definirse, al menos, cinco aspectos centrales: el sistema de validación en los molinetes, el plazo de alta inicial para los beneficiarios actuales, el cronograma de instalación de lectores compatibles en estaciones que aún no los tengan, la articulación con la tarjeta SUBE para casos de excepción y el mecanismo de auditoría para evitar que personas fuera del padrón accedan al beneficio.

En la Legislatura se concedió que la transición no será instantánea. El diputado autor del proyecto sostuvo en el recinto que el objetivo es que, una vez vencido el plazo reglamentario, los jubilados dejen de concurrir a las comunas para renovar plásticos y que la administración cruce automáticamente las bases de datos de ANSES, del Registro Civil y del padrón electoral para validar residencia y nivel de ingresos. Esa automatización, si se completa, constituirá la primera experiencia porteña de gratuidad en el subte otorgada por interoperabilidad de datos y sin intervención presencial recurrente del beneficiario.

Para los lectores que siguen la política de transporte metropolitano, lo relevante es que la gratuidad dejará de depender de la posesión de una credencial física y pasará a sostenerse sobre la identidad digital del usuario. La pregunta que abre la próxima temporada de audiencias públicas es si el sistema resistirá la prueba operativa en horas pico, cuando la red subterránea suele registrar picos de 850 mil pasajeros diarios según los últimos informes de SBASE, y de qué manera se financiará el impacto adicional sobre la estructura de costos del concesionario. Hasta tanto se publique el decreto reglamentario, los adultos mayores alcanzados por la norma deberán aguardar el alta administrativa en las comunas para comenzar a utilizar el nuevo mecanismo.