El nuevo régimen penal juvenil para adolescentes comenzó a regir este sábado en todo el país, 180 días después de que la ley 27.801 fuera publicada en el Boletín Oficial. La reforma baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y ordena un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito, según fuentes del Ministerio de Justicia.

La privación de libertad quedó reservada para los casos más graves, entre ellos los homicidios. Para esos supuestos, la ley contempla tres modalidades: arresto domiciliario, internación en un instituto de régimen abierto o alojamiento en un centro especializado de detención. La pena máxima aplicable a un menor es de 15 años, aunque los dos tercios de la condena pueden cumplirse bajo libertad condicional, lo que en los hechos reduce el encierro efectivo a un tope cercano a los diez años.

Sanciones alternativas y requisitos

• Para delitos menores, como hurtos y robos sin armas, la norma habilita penas sustitutivas del encierro.
• En robos agravados con armas de fuego, los jueces pueden reemplazar la prisión por tobilleras electrónicas, prohibición de acercamiento a determinados lugares o, en casos extremos, separación del menor de su entorno familiar, siempre que se acredite que ese entorno fomenta la actividad ilícita.
• La aplicación de cualquier pena alternativa exige un dictamen pericial favorable, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la audiencia previa de la víctima.
• El adolescente no debe registrar condenas previas ni procesos con auto de procesamiento firme.

Entre la sanción de la ley en el Congreso y su entrada en vigencia, al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del alcance del nuevo régimen por razones de edad al momento de los hechos. Uno de los casos resonantes es el asesinato del cabo Cristian Gerez, de 36 años, ocurrido el 20 de julio en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Los dos imputados, de 14 y 15 años, permanecen bajo custodia judicial, aunque no enfrentarán proceso penal ni condena. Bajo el esquema anterior, un menor declarado inimputable podía permanecer internado en un instituto hasta cumplir los 18 años, pero sin registro de antecedentes.

La entrada en vigencia reabre el debate sobre la capacidad de los institutos especializados para absorber la nueva demanda. Autoridades con responsabilidad en la gestión del sistema penal juvenil trabajan en la readecuación de los centros existentes y en la capacitación del personal, según fuentes oficiales. La causa por el crimen del cabo Gerez seguirá tramitándose bajo la normativa anterior, con los dos adolescentes a disposición de la justicia de menores.