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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Cuatro años y un hombro roto: la lucha de Daniel para que la cooperativa no le cerrara la puerta

Embalador de fruta en la comarca del Alto Valle, lesionado en plena temporada, cuatro años de pelea en los Tribunales Laborales de Neuquén y un fallo que vuelve a poner sobre la mesa una deuda vieja del sector: cuando una empresa dice que no tiene lugar para un trabajador con restricciones médicas, le toca a ella demostrarlo.

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Noelia SajamaComunidades y territorio · · 4 min de lectura
Cuatro años y un hombro roto: la lucha de Daniel para que la cooperativa no le cerrara la puerta

A Daniel le digo Daniel porque es su nombre de pila y porque en el galpón de empaque todos lo conocen así, aunque en la cooperativa donde trabajó más de una década le decían, a secas, "el embalador". Daniel, vecino de alguna localidad de la zona de chacareros del Alto Valle neuquino, se levantó una mañana de agosto de 2021, fue a armar cajas con peras y manzanas como hacía desde enero de 2011, y el hombro derecho le dijo basta. Un movimiento torpe, una carga mal calculada, y la Art se hizo cargo durante ocho meses de un tratamiento largo que incluyó rehabilitación y controles. Cuando por fin le dieron el alta, en abril de 2022, la historia que uno imagina como un regreso al trabajo se transformó en otra cosa: la empresa le dijo que no, que no había lugar.

Lo que pasó después es lo que me interesa contar, porque toca un nervio todavía abierto en muchas comunidades del interior neuquino donde la fruticultura es mucho más que un rubro: es el tejuelo principal de la economía familiar, el lugar donde varias generaciones de familias hicieron la misma temporada, y donde una cooperativa no es cualquier patrón, es una institución con nombre y apellido en el pueblo. Daniel pidió reincorporarse por telegrama, con el certificado médico bajo el brazo y un dato esencial: podía volver, pero a tareas livianas, nada de levantar peso. La cooperativa respondió con una carta documento, reconoció la lesión, pero sostuvo que no existía ningún puesto disponible que se ajustara a la restricción. Daniel volvió a escribir, esta vez detallando en qué sectores del galpón podía desempeñarse. Misma respuesta, paredón.

El testimonio de los compañeros, la prueba que la cooperativa no pudo desarmar

En el juicio, que tramitó en el Juzgado Laboral N°3 de Neuquén a cargo del juez Luis Trani, declararon seis compañeros de Daniel. Lo que contaron fue clave, porque la Justicia laboral suele mirar con lupa los dichos de los propios trabajadores, sobre todo cuando describen la dinámica interna del establecimiento. Los testigos relataron tareas concretas que no requerían cargar peso: el sellado de etiquetas, el fichado de cajas con engrudo y el colgado en el sector conocido entre los embaladores como "el aéreo", esa estructura elevada del galpón donde la fruta ya viene acomodada y lo que falta es precisión de manos, no fuerza bruta. Varios coincidieron en que, cuando alguien se lastimaba o no podía cargar peso, la cooperativa lo reubicaba en esas funciones. Uno de los testigos incluso señaló que al menos cuatro embaladores habían sido trasladados a otros sectores en situaciones similares a la de Daniel.

“Los testimonios fueron valorados como coherentes, ordenados y concordantes, y permiten concluir que la demandada tenía posibilidades reales de reubicar al trabajador damnificado, optando por negarse a hacerlo.”Juez Luis Trani, Juzgado Laboral N°3 de Neuquén

El fallo, confirmado luego por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la provincia, dejó un principio que a mí, como vecina de esta región que vio tantas temporadas empezar y terminar con gente lesionada a la que nadie reinsertó, me parece central y vale la pena repetirlo: cuando una empresa alega que no tiene puesto disponible para alguien con limitaciones de salud, es ella la que debe probarlo. No alcanza con decirlo en una carta documento. La cooperativa no pudo demostrarlo y la condena quedó firme: 676.751 pesos más intereses desde 2022, una cifra muy por debajo de los más de 4 millones que en su momento había quedado plasmado en alguna instancia previa del expediente, lo que muestra también cómo la inflación y el paso del tiempo van licuando lo que un trabajador lesionado siquiera llega a cobrar.

Lo que la comunidad del galpón pide, y a quién se lo pide

  • Que las cooperativas y empresas del Alto Valle cuenten con un protocolo escrito y verificable para reubicar a operarios con altas médicas con restricciones, tal como lo tienen otras ramas de la actividad frutícola en Río Negro.
  • Que la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo auditen de oficio los puestos livianos disponibles en cada galpón de empaque antes de que concluya la próxima temporada.
  • Que el Ministerio de Salud neuquino, a través de su área de salud ocupacional, intervenga cuando una empresa niegue la reincorporación sin acreditar por escrito la inexistencia de tareas compatibles.
  • Que las asociaciones de chacareros y los propios delegados gremiales del sector packing eleven un petitorio conjunto al gobernador y a las autoridades laborales para que se reglamente el cupo de tareas livianas en establecimientos frutícolas.

Daniel, mientras tanto, ya está fuera del galpón. La indemnización le sirvió para tapar meses de cuentas atrasadas, pero no para volver a armar cajas, que es lo que él sabe hacer desde los quince años. En el Alto Valle, cuando alguien pierde su lugar en la cooperativa, no pierde un puesto cualquiera: pierde la temporada, pierde el ingreso estable de seis meses, pierde la posibilidad de mostrarles a los hijos que el trabajo de la fruta, con todo lo duro que es, todavía puede ser un horizonte. La Justicia le dio la razón a Daniel. Ahora falta que eso se traduzca, de una vez por todas, en un cambio de conducta de un sector que todavía mira para otro lado cuando un compañero levanta el hombro o la rodilla y pide volver.

NS
Noelia SajamaComunidades y territorio

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