Córdoba: entre dos y catorce meses de espera para acceder a una prestación por discapacidad

Siete juntas evaluadoras funcionan en hospitales públicos de la Ciudad de Córdoba para tramitar el Certificado Único de Discapacidad, según el informe de la Defensoría del Pueblo provincial presentado el 5 de octubre de 2026. De esos establecimientos, dos son pediátricos y otorgan turnos con esperas de dos a tres meses, describió Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento.

Los plazos que describe el informe

• CUD en hospitales pediátricos: entre dos y tres meses.
• Prótesis y medicamentos: entre cuatro y nueve meses.
• Ingreso a centros de rehabilitación: entre nueve y catorce meses.

Esos períodos corresponden a lo expuesto en el documento, que se elaboró con entrevistas y grupos focales. Por eso mismo los testimonios describen experiencias y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular. Mientras tanto, varias familias pagan de su bolsillo terapias, transporte y apoyos escolares.

“Una madre entrevistada en el informe dijo haber desembolsado entre $150.000 y $180.000 solo en sesiones, tras sostener atención particular durante alrededor de dos años.”Madre entrevistada por la Defensoría del Pueblo de Córdoba

El estudio también registró una mayor carga de cuidados sobre las mujeres. Madres relataron que redujeron su jornada laboral y sus ingresos para sostener los tratamientos, en una sobrecarga que el documento describe como sistemática.

Atrasos en los pagos y desfase con la inflación

Las dificultades alcanzan a quienes brindan las prestaciones. El relevamiento recoge atrasos de varios meses y hasta un año en pagos de obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336%, según el informe.

En transporte, la nafta súper subió un 559% en ese período y el valor reconocido por kilómetro, un 231%. Esa diferencia de costos, según el documento, golpea a instituciones que trasladan pacientes y describe prestadores que debieron recortar gastos para sostener el servicio. La nota de Celeste Condorí sigue abierta: falta saber cuántas juntas evaluadoras se necesitan en el interior provincial y qué plazos tiene previsto reducir la Defensoría en los próximos meses.